defensa · 20 min
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En abril de 1982 Gran Bretaña mandó a retomar las Islas Malvinas una fuerza con dos portaaviones y más de una docena de destructores y fragatas, sostenida por unos 120 buques entre navales, auxiliares y mercantes requisados, y no tuvo que suspender ninguno de sus otros compromisos en el mundo para hacerlo. La operación duró setenta y cuatro días. Costó 255 vidas británicas y 649 argentinas, y el planeta entero vio que el Reino Unido todavía podía proyectar poder militar al otro lado del Atlántico.
Hoy, en 2026, la Royal Navy tiene sesenta y tres buques comisionados, y de esos solo veinticinco califican como buques de combate: diez submarinos, dos portaaviones, seis destructores y siete fragatas. En 1996, catorce años después de Malvinas, la flota todavía contaba con diecisiete submarinos, tres portaaviones, quince destructores y veintidós fragatas. En treinta años la flota de combate quedó reducida a la mitad, mientras los compromisos globales del Reino Unido seguían más o menos donde estaban.
Si mañana tuviera que repetir lo de 1982, aun vaciando todos los puertos y dejando colgado cada compromiso que tiene en el mundo, la Royal Navy juntaría un portaaviones, dos destructores y cinco fragatas. Hay otras cuatro fragatas fondeadas en Fareham Creek a la espera de que las remolquen a un desguace en Turquía, y nada inmediato para reemplazarlas. Lo que antes cubrían fragatas y destructores en las Malvinas, en el Pacífico Sur y en aguas británicas ahora lo cubren patrulleros River-class de menos de dos mil toneladas y un solo cañón, porque buques de guerra disponibles no hay.
En marzo de este año la crisis dejó de ser teórica. Irán atacó con drones RAF Akrotiri, la base británica en Chipre, y la Royal Navy no pudo mandar un destructor a tiempo; el HMS Dragon tardó varios días en llegar a la región. Francia, en cambio, desplegó su portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle. Ninguno de los dos portaaviones británicos participó en las operaciones contra Irán, porque los dos arrastraban problemas mecánicos. Un submarinista retirado de la Royal Navy le dijo al Times que había sido un error comprar dos portaaviones gigantes en vez de concentrarse en los buques más chicos, que son los que sostienen la capacidad naval de un país.
En las últimas dos décadas de política argentina sobre Malvinas hay una paradoja difícil de esquivar, y es que los gobiernos que más hablaron de soberanía fueron los que más hicieron por destruir la capacidad de respaldar ese reclamo.
Cuando la dictadura militar invadió las islas en 1982, Argentina tenía una fuerza aérea de más de cuatrocientos aviones, cazas modernos incluidos, y una armada con portaaviones, un crucero, submarinos nuevos, destructores y fragatas de última generación. Y perdió la guerra igual, con todo ese equipamiento, por una planificación operativa deficiente, por una logística improvisada y, sobre todo, porque subestimó la voluntad británica de pelear. La derrota, sumada a los crímenes de la dictadura, hundió la imagen pública de las fuerzas armadas argentinas.
Y lo que vino después fue peor que la derrota misma. El gasto en defensa cayó del 4,4% del PBI en 1983 a menos del 1% en los años kirchneristas, y ahí se quedó durante más de una década. Pero el kirchnerismo hizo algo más que recortar presupuesto, porque convirtió a las fuerzas armadas en un enemigo interno. Néstor Kirchner asumió en 2003 y uno de sus primeros gestos simbólicos hacia los militares fue retirar los retratos de los dictadores del Colegio Militar. Después reabrió los juicios por la Guerra Sucia, purgó la cúpula de las tres armas y, por decreto, limitó el rol de las fuerzas armadas exclusivamente a la "agresión de origen externo", definida de la manera más estrecha posible. Cristina Kirchner completó la obra con otra purga masiva en 2012 y con recortes que dejaron a los aviones sin repuestos, a los buques sin mantenimiento y a los soldados sin equipamiento básico.
El dato que mejor lo resume lo dio el propio Ministro de Defensa del gobierno de Macri. En la Guerra de Malvinas Argentina perdió setenta y dos aviones; bajo el kirchnerismo se perdieron más de cien, por abandono. La fábrica de aviones de Córdoba tenía mil quinientos empleados y en diez años no construyó un solo avión. Cuando se retiraron los Mirage III, en 2015, el país se quedó sin capacidad de intercepción supersónica, y así siguió una década entera. El país más grande de habla hispana, con la octava extensión territorial del mundo y un reclamo constitucional de soberanía sobre un territorio en disputa, no podía interceptar un avión que le violara el espacio aéreo.
El hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, con cuarenta y cuatro tripulantes a bordo, fue el símbolo más trágico de ese deterioro y la consecuencia lógica de décadas de abandono presupuestario. El kirchnerismo reclamó las Malvinas con la boca mientras desarmaba al país con las dos manos. Veinte años de discursos en Naciones Unidas y de placas en las esquinas, con feriados patrióticos incluidos, no movieron un solo hecho sobre el terreno, porque nadie negocia en serio con alguien que no tiene con qué respaldar lo que dice.
Al análisis sobre las Malvinas casi siempre le falta la geografía, y en particular la posición del extremo sur de Sudamérica, que cada año pesa más. El Estrecho de Magallanes es la principal vía navegable natural entre el Atlántico y el Pacífico. Es mayormente chileno, pero la boca oriental la comparte con Argentina, y Ushuaia y Río Grande son las ciudades más australes del mundo continental. Más abajo, al sur del Cabo de Hornos, el Paso Drake es el punto más angosto del océano circumpolar antártico. El que tenga una presencia fuerte en esta región controla el acceso a la Antártida, un continente cuyas reservas de recursos naturales están congeladas, en sentido literal y jurídico, por un tratado cuyo régimen de protección ambiental se puede revisar a partir de 2048.
Y 2048 importa, porque cuando se renegocien las reglas del Tratado Antártico la fuerza de cada reclamo va a depender de la posición que cada país tenga en la región. Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega y otros tienen reclamos territoriales superpuestos en la Antártida, y ahí la presencia física, las bases científicas, la capacidad logística y la proyección naval van a contar más que cualquier documento legal. Las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, todas bajo administración británica y todas reclamadas por Argentina, son plataformas logísticas para proyectar esa presencia. Tienen tres mil doscientos habitantes y un millón de pingüinos, y aun así son, antes que cualquier otra cosa, infraestructura geopolítica.
En Londres esto lo tienen muy claro. Mount Pleasant, la base abierta en 1985, está ahí menos para proteger a los isleños de una invasión argentina que para conservar una posición estratégica en una de las pocas regiones del mundo que todavía podrían redistribuirse en las próximas décadas. La guarnición actual son unos mil doscientos efectivos, cuatro cazas Typhoon, un avión cisterna, un transporte, un sistema de misiles antiaéreos Sky Sabre y un patrullero, el HMS Forth, de dos mil toneladas y armamento mínimo. Es una fuerza disuasoria, pensada para que cualquier agresión salga cara en términos políticos, y con eso no se gana una guerra. Para funcionar depende por completo de que Gran Bretaña pueda reforzarla rápido desde la metrópoli, y con la Royal Navy en el estado en que está esa suposición se vuelve cada vez más dudosa.
Con el Estrecho de Ormuz cerrado por la guerra con Irán y el Canal de Suez todavía afectado por la inestabilidad regional, las rutas marítimas alternativas ganan peso. El Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos no van a reemplazar a Panamá, claro, pero tratar al extremo sur del continente como si fuera irrelevante para la geopolítica global es un lujo que ya nadie se puede dar. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump define el hemisferio hasta la Antártida, y no por casualidad.
El 5 de diciembre de 2025 tocaron suelo argentino, en la base de Río Cuarto, Córdoba, los primeros seis F-16 AM/BM Fighting Falcon. Milei fue a recibirlos en persona y, por una vez, la retórica presidencial no exageraba, porque era la adquisición militar más importante en medio siglo. Son veinticuatro cazas comprados a Dinamarca por unos trescientos millones de dólares, más un paquete de armamento estadounidense de otros trescientos diez millones con misiles AIM-120 y AIM-9, pods de reconocimiento y kits de guerra electrónica. Después de una década sin capacidad supersónica, la Fuerza Aérea Argentina volvía a tener cazas modernos.
Pero de los F-16 lo que más importa es cómo llegaron. Durante cuarenta años Gran Bretaña mantuvo un bloqueo sistemático a la venta de armamento occidental a la Argentina, y Londres no solo se negaba a vender, también presionaba a sus aliados para que no vendieran. Vetó la venta de Mirage de reemplazo desde Francia, bloqueó la posible transferencia de Saab Gripen desde Brasil porque tenían aviónica de origen británico, impidió la venta de Kfir israelíes y les complicó las cosas a los FA-50 coreanos. El mecanismo era simple y funcionaba. Muchos aviones de combate occidentales usan asientos eyectables Martin-Baker o sistemas BAE, los dos británicos, y mientras esos componentes estuvieran adentro Londres tenía poder de veto. En los noventa Carlos Menem logró meter por una grieta del bloqueo treinta y seis A-4 Skyhawk usados de Estados Unidos, y fue una excepción.
Lo que destrabó el acuerdo con Dinamarca es un detalle técnico, pero decisivo. Los F-16 daneses usan el asiento eyectable estadounidense ACES II, de Collins Aerospace, en lugar del Martin-Baker británico, así que por esa vía Londres no tenía nada que vetar. Igual el embargo siempre había sido también político, y ahí es donde importa la operación Peace Condor. Washington empujó el acuerdo, negoció con Londres y el Reino Unido terminó aceptando. Después de cuarenta años de deferencia automática a la posición británica en todo lo que tuviera que ver con armamento argentino, Estados Unidos decidió que ya no le interesaba pagar ese costo para cuidarle la sensibilidad a un aliado al que, al mismo tiempo, empezaba a tratar como un socio cada vez más incómodo.
Con los F-16 vino algo más amplio: ocho blindados Stryker, también estadounidenses, y conversaciones sobre radares de vigilancia aérea, helicópteros, cooperación en espacio, ciberdefensa y, cosa que acá debería llamar la atención, operaciones marítimas en el Atlántico Sur. El Departamento de Defensa describió a la Argentina como un país en transición de "aliado periférico" a "socio de seguridad central en el Hemisferio Occidental", una frase con más peso geopolítico que cualquier discurso en la ONU.
Nadie dice que con veinticuatro F-16 la Argentina pueda retomar las Malvinas por la fuerza. Los F-16 MLU que llegaron son parecidos a los que opera la Fuerza Aérea de Chile, lo que por primera vez en décadas establece una paridad técnica en los Andes, pero frente a los Typhoon británicos estacionados en Mount Pleasant están una generación atrás. Se espera que la Fuerza Aérea Argentina alcance capacidad operacional inicial con al menos un escuadrón en 2027, y el resto de los aviones se va a entregar por fases hasta 2028, en un proceso que va a llevar años.
De todos modos, la paridad táctica es lo de menos. Un país con fuerzas armadas creíbles se sienta a negociar desde otro lugar que uno desarmado, y las señales que manda Washington ya no son las de hace cinco años. Por primera vez en cuarenta años, Londres no pudo impedir que su principal aliado armara a su adversario en el Atlántico Sur.
El 3 de enero de 2026, en una operación nocturna en Caracas, fuerzas militares estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La bautizaron Resolución Absoluta y fue el acto de proyección de poder más agresivo de Estados Unidos en el hemisferio occidental desde la invasión de Panamá en 1989. Horas después, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump dijo una frase que a cualquier argentino que piense en las Malvinas le debería interesar: "The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. They now call it the 'Donroe Doctrine.'"
La Doctrina Monroe, formulada en 1823, declaraba que las potencias europeas no debían extender su influencia al hemisferio occidental, y durante dos siglos fue una abstracción que los presidentes estadounidenses sacaban cuando les servía y guardaban cuando no. Trump la convirtió en política operativa. Su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre de 2025, incluye un "Corolario de Trump" que establece la intención de "reafirmar y hacer cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental", y el documento declara que Estados Unidos "negará a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o activos estratégicamente vitales" en la región.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, lo resumió con la sutileza de siempre: "This is OUR Hemisphere". Pete Hegseth, Secretario de Defensa, agregó: "America can project our will anywhere, anytime. Welcome to 2026".
Y los hechos acompañan lo que dicen. Además de capturar a Maduro, Trump reavivó su campaña para adquirir Groenlandia, amenazó con aranceles a los países que salieron a defender la soberanía danesa, redefinió el Golfo de México y dejó abierta la posibilidad de intervenir en Colombia y en Cuba. El Atlantic Council, uno de los think tanks más cercanos al establishment de seguridad nacional estadounidense, publicó un análisis que recomienda definir el hemisferio "desde las Islas Aleutianas hasta Groenlandia y el Ártico norteamericano hasta la Antártida, con América Central, del Sur y el Caribe en el medio, y los accesos Pacífico y Atlántico incluidos".
Con esa definición operativa del hemisferio, las Islas Malvinas quedan adentro, y no hay mucho para discutir. Un territorio administrado por una potencia europea a seiscientos kilómetros de la costa argentina, con una base militar que aloja unos mil doscientos efectivos, cuatro cazas Typhoon y un patrullero, es, en la lógica de la Doctrina Donroe, el tipo de presencia extrahemisférica que Washington dice que quiere eliminar.
La Doctrina Monroe se formuló en 1823, diez años antes de que Gran Bretaña expulsara de las Malvinas a las autoridades y a la población argentinas en 1833, con lo cual, en rigor, la ocupación británica violó el espíritu de la misma doctrina que Trump ahora dice querer restaurar. Cuando los británicos desembarcaron en Puerto Soledad y bajaron la bandera argentina, Estados Unidos era un país joven sin la fuerza necesaria para hacer cumplir la doctrina de Monroe. Doscientos años después, la tiene de sobra.
Trump no mencionó las Malvinas y nada indica que vaya a hacerlo, así que nada de esto pretende ser una predicción. Hay, eso sí, algo más sutil y a mediano plazo más importante, un marco estratégico estadounidense que, si se aplica con un mínimo de coherencia, vuelve cada vez más difícil justificar la presencia militar británica en el Atlántico Sur ante Washington, que hasta ahora la toleraba sin hacer preguntas (para Buenos Aires fue ilegítima siempre).
Milei da la impresión de haberlo entendido. En la apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo, habló de crear "el siglo de las Américas", de que Argentina posee los minerales críticos que demanda Occidente y de su ubicación estratégica, con acceso a dos océanos y cerca de la Antártida. "Somos un eslabón natural en la cadena de valor estratégica de Occidente", dijo. Las Malvinas no aparecieron en esa parte del discurso, y tampoco hacía falta que aparecieran.
La ventana que se le abre a la Argentina se entiende mejor mirando lo que le está pasando a la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que en términos diplomáticos es un desastre. La llamada "relación especial" entre Washington y Londres, que se forjó durante la Guerra Fría sobre la base de inteligencia compartida, cooperación nuclear y afinidad cultural, atraviesa su peor momento desde que Churchill acuñó el término en 1946. Las tensiones venían de antes de Irán, pero con Irán llegaron al punto de ruptura.
En febrero de 2026, cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes, el primer ministro Keir Starmer se negó a que las fuerzas estadounidenses usaran bases británicas, entre ellas RAF Fairford y las instalaciones en Diego García. Al final cedió en parte, pero para Trump ya era demasiado tarde, y la respuesta fue pública y brutal: "He ruins relationships. We are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with".
Lo dijo en una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 26 de marzo, y más que un insulto era el aviso de que, a ojos de este presidente, la relación especial ya no tiene mucho de especial. Trump también llamó a los portaaviones británicos "juguetes viejos y rotos", una humillación que la Royal Navy nunca había recibido de un aliado en su historia moderna.
Irán es apenas el capítulo más reciente de una lista de agravios larga y que sigue creciendo. Trump criticó una y otra vez la cesión de las Islas Chagos a Mauricio, a las que llamó "esa isla estúpida", y acusó al Reino Unido de ser "muy, muy poco cooperativo". Starmer se opuso en público a la campaña de Trump por Groenlandia, y eso trajo la amenaza de aranceles del 25% a los productos británicos. El Reino Unido se negó a sumarse al "Board of Peace" de Trump, y en noviembre de 2025 Londres suspendió el intercambio de inteligencia con Washington sobre narcobuques en el Caribe porque consideraba ilegales los ataques estadounidenses contra esas embarcaciones.
Lo de las Chagos tiene un paralelo directo con las Malvinas al que casi nadie le prestó atención. Las Chagos son un archipiélago del Océano Índico donde funciona la base militar de Diego García, que se opera junto con Estados Unidos. En 2024 el gobierno británico le cedió la soberanía de las islas a Mauricio, y Trump lo condenó como "gran estupidez y debilidad total"; la cesión enfureció a Washington porque ponía en riesgo el futuro de una base estratégica compartida. Si Gran Bretaña ya entregó un territorio en disputa que albergaba una base conjunta con Estados Unidos, cuesta no preguntarse cuánto le vale de verdad a Londres sostener las Malvinas, que quedan más lejos, salen más caras de defender y para Washington no tienen ningún valor estratégico.
Gran Bretaña, entonces, tiene menos barcos que en 1982 y, encima, menos amigos en Washington que en cualquier otro momento de la posguerra. Para un país que depende de Estados Unidos para que su disuasión nuclear sea creíble, para el mantenimiento de sus submarinos Trident y, en buena medida, para la legitimidad de su lugar en el mundo, eso es una crisis existencial en cámara lenta.
En la Argentina pasa lo contrario. En toda la historia bilateral entre Argentina y Estados Unidos no hubo una relación como la de Javier Milei con Donald Trump. La afinidad ideológica es real y está a la vista, pero además la relación se tradujo en hechos concretos que se pueden medir: un swap de veinte mil millones de dólares para estabilizar la moneda argentina antes de las elecciones legislativas de 2025, la compra directa de pesos por parte del Tesoro estadounidense para sostener su valor, un framework de acuerdo comercial firmado en noviembre de 2025, la facilitación de la compra de F-16 y Stryker y el fallo favorable en el caso YPF que le ahorró a la Argentina dieciséis mil millones de dólares.
Milei viajó catorce veces a Estados Unidos en sus primeros dos años de gobierno y Trump lo llamó su "presidente favorito". Fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump después de las elecciones de 2024, y salió a apoyar la captura de Maduro cuando la mayor parte del mundo la condenaba. En el discurso de marzo ante el Congreso definió a Trump como un "aliado clave" y habló de "crear el siglo de las Américas".
Es una relación asimétrica, como cualquiera entre una superpotencia y un país en desarrollo, y Milei necesita a Trump bastante más de lo que Trump lo necesita a él. Eso no cambia lo principal. Que Washington esté dispuesto a tener en cuenta los intereses argentinos aun cuando chocan con los británicos es un fenómeno nuevo, y los F-16 lo demuestran tanto como la descripción de la Argentina como "socio de seguridad central".
Además, la Argentina tiene cosas que Washington quiere. Litio, cobre y tierras raras, los minerales críticos de la transición energética y de la industria tecnológica; Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, justo cuando la guerra con Irán disparó los precios de la energía; y acceso a dos océanos, cercanía con la Antártida y una posición geográfica que, en el marco de la Doctrina Donroe, la vuelve un ancla natural del hemisferio sur. Lo que no sé es si Buenos Aires tiene la visión estratégica para convertir esta buena voluntad en algo que dure más que las foto ops y las conferencias de prensa, ni si tiene la disciplina para atar, aunque sea de costado, la cuestión Malvinas a la agenda de cooperación hemisférica.
Estas condiciones no existían en 2024, ni en 2020, ni en 2010, ni en ningún momento desde 1982, y bien podrían no existir en 2028. La ventana depende de Trump, cuyo mandato dura hasta 2029 pero cuya atención es notoriamente errática; de Milei, cuyo mandato termina en 2027 y que no tiene asegurada su posición interna; de que la relación entre Washington y Londres no se recomponga, cosa que podría provocar un cambio de gobierno en cualquiera de los dos países; y de que la Royal Navy no reciba la inyección de presupuesto que le vienen prometiendo hace décadas.
Nada de esto quiere decir que la Argentina deba, o pueda, tomar las islas mañana. Esa fantasía es tan contraproducente hoy como en 1982, cuando la Junta confundió oportunismo con estrategia. Lo que hay por delante es trabajo serio y sostenido, mejor si se hace en silencio, y ahí veinticuatro F-16 son apenas el comienzo. El déficit más grave es naval y es donde hay que invertir ahora: submarinos, corbetas, sistemas de vigilancia marítima, capacidad antártica, un presupuesto sostenido del 1,5% o 2% del PBI y una política de Estado que sobreviva a este gobierno y al siguiente. La cooperación militar con Estados Unidos tiene que dejar de depender de la sintonía personal y volverse estructural, con ejercicios conjuntos regulares en el Atlántico Sur, vigilancia antártica coordinada, presencia naval compartida y una infraestructura de cooperación lo bastante densa como para aguantar cualquier cambio de administración. Y la Argentina tiene que jugar las cartas que de verdad tiene en la mano (minerales críticos, energía, control de rutas marítimas, logística antártica) de manera que, cuando inevitablemente aparezca la pregunta por las Malvinas, la respuesta estadounidense sea favorable por interés propio, sin que haga falta la simpatía.
Con tener razón no alcanza. La Argentina tiene razón sobre las Malvinas desde 1833, y la tuvo cuando Gran Bretaña era la mayor potencia naval del mundo y mientras dejaba de serlo, mientras sus propios gobiernos desarmaban al país y mientras los isleños votaban lo que votaban. El derecho sin poder es una declaración de intenciones, no una política exterior. Lo que cambió es el balance de poder, que es lo que puede convertir esa razón en realidad.
Macri probó con el diálogo y el pragmatismo, pero no tenía la relación con Washington ni la capacidad militar como para que ese diálogo pasara de la cortesía. Ahora, por primera vez en cuarenta años, las condiciones para un reclamo serio empiezan a alinearse, aunque solas no se van a alinear: hace falta decisión, inversión, paciencia y una seriedad estratégica que la Argentina rara vez demostró en su historia. Dejar pasar la oportunidad sería, me parece, una negligencia histórica.
Las Malvinas se recuperan con aviones, barcos y alianzas, y con la frialdad necesaria para jugar un juego largo; los discursos en Naciones Unidas y las placas en las esquinas ya tuvieron veinte años para probar lo que valían. En 1982, Gran Bretaña envió lo que hacía falta. Hoy no podría enviar ni la mitad.